Autor: Bárbara Rodríguez
Caracas, marzo de 2025.- Tras su regreso a la Casa Blanca, el 20 de enero de 2025, Donald Trump firmó una serie de órdenes ejecutivas, en las cuales, establece entre las prioridades de su nueva administración, la salida de los Estados Unidos de diversas organizaciones internacionales y acuerdos mundiales como el Acuerdo de París para mitigar el cambio climático.
No obstante, dicha acción no es de extrañar, pues el actual mandatario estadounidense siguió una línea similar a su primer periodo (2017-2021). Esta vez la salida de EE. UU. será efectiva en 2026.
Importancia de la inversión económica de los países.
Con su entrada en vigor en 2016, el Acuerdo de París tiene como objetivo poner en marcha un proceso de innovación y transformación a nivel económico para mitigar el cambio climático y sus efectos. Asimismo, su estructura se basa en compromisos que adquieren los países que forman parte, tales como, mitigación, adaptación y compromisos económicos.
Para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los países han entendido que es preciso asegurar la provisión de recursos financieros que estén en línea con sus necesidades, lo cual conlleva a que el financiamiento y responsabilidad de los países sea esencial para lograr adoptar los objetivos del acuerdo.
Por consiguiente, el compromiso financiero está sujeto a las necesidades económicas e intereses de cooperación internacional de los países. En 2022, el World Resources Institute , expuso que los países en desarrollo estimaron costos alrededor de USD 4,3 billones, con fechas de corte para el periodo 2025-2040, siendo, más de la mitad, alrededor de USD 2,7 billones, para gastos de mitigación y una cuarta parte, cerca de USD 1,1 billones, para gastos de adaptación.
Sin embargo, existe una gran brecha entre los países ricos y los países en desarrollo, pues los últimos dependen de recibir financiamiento de los primeros para alinear sus estructuras de finanzas públicas y privadas a los objetivos climáticos.
El financiamiento mundial para el clima es complejo y está en constante evolución, los mismos pueden clasificarse, según OID Think Change , en:
- Financiamiento multilateral: compuesto por las entidades internacionales, tales como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) o los Bancos Multilaterales de Desarrollo, entre otros.
- Financiamientos bilaterales: corresponden a los fondos aportados por los gobiernos a nivel regional o nacional, tales como, Fondo de NAMA (Reino Unido, Alemania, Dinamarca y la Comisión Europea); Global Climate Change Initiative (Estados Unidos); Norway’s International Climate Forest Initiative (Noruega), entre otros.
Financiamiento climático de los EE. UU.
Históricamente, los Estados Unidos es el mayor emisor de gases de efecto invernadero, sin embargo, en los últimos años se han realizado grandes contribuciones para aportar al financiamiento contra la crisis climática y reducción de sus emisiones.
Según datos de EDGAR – Unión Europea , en 2023 Estados Unidos reportó 5.961 millones de toneladas de CO2, a comparación de China que reportó 15.944 millones de toneladas de CO2, lo cual representa el triple de las emisiones del país norteamericano. Estas reducciones han tomado efecto a través de las políticas públicas para la movilización al uso de energías renovables.
Durante la 77° Asamblea General de las Naciones Unidas en 2022 , el entonces presidente Joe Biden había anunciado que su país estaba comprometido con aportar más de USD 11.000 millones al año en financiación para el clima, con la finalidad de apoyar a los países de bajo ingresos a cumplir sus objetivos climáticos y garantizar una transición energética justa.
Dichos fondos fueron emitidos a través de diversos organismos e instituciones de ejecución como: Export-Import Bank of the United States (Ex-Im), United States Agency for International Development (USAID) o United States International Development Finance Corporation (DFC).
De acuerdo con las estrategias para el desarrollo climático de USAID para el periodo 2022-2030 , la agencia se comprometía a movilizar USD 150 millones en financiamiento climático público y privado para 2030, dichos esfuerzos se enfocarían en ayudar a los países socios a reducir y evitar 6 mil millones de toneladas métricas de CO2 equivalentes, a través de actividades apoyadas por la agencia y centradas en promover la resiliencia climática.
Por su parte, en 2024 la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, se comprometió a aportar más de USD 3.700 millones en nuevas inversiones para la financiación climática, las cuales fueron destinadas a las inversiones del gobierno estadounidense en seguridad energética, diversificación de la cadena de suministro, seguridad alimentaria e hídrica y fortalecimiento de la resiliencia de comunidades y países de todo el mundo.
¿Cómo afecta el recorte de fondos para el clima de los EE. UU.?
Con su regreso a Washington, Trump ha implementado la orden ejecutiva “Putting America First in International Environmental Agreements” lo que, significa el desmantelamiento de las acciones para mitigar los efectos del cambio climático promovidas por Biden, así como demás acciones para la promoción del desarrollo y de la sostenibilidad. Asimismo, el mandatario firmó órdenes sucesivas declarando una crisis energética, lo que da prioridad a la producción de energías fósiles sobre las energías renovables o limpias.
La eliminación económica de los fondos que hasta 2024 había proveído los Estados Unidos representaban aportes exponenciales en la lucha contra el cambio climático, especialmente, un apoyo para los países en desarrollo cuyas infraestructuras financieras no les permitían a nivel público y privado avanzar en sus acciones para la protección del medio ambiente. En el caso de América Latina y el Caribe, el recorte de fondos para la cooperación internacional afecta directamente el apoyo técnico y asistencia social a los proyectos con fines ambientales y sostenibles.
En perspectiva, la decisión de Trump rompe con las estrategias de mitigación y desarrollo social establecidas por agencias de cooperación internacional como USAID, la cual, por ejemplo, se había comprometido a invertir USD 300 millones tras un acuerdo con el Gobierno de Brasil y USD 600 millones con el Gobierno de Perú hasta 2030 para la preservación del ecosistema amazónico y de las comunidades rurales.
El rol del sector privado ante la crisis climática.
Ante la falta y dependencia de inversión gubernamental para atender las necesidades climáticas y sostenibles, como la de los Estados Unidos, se hace necesario avanzar hacia un financiamiento independiente y privado, por lo que la movilización del capital privado a gran escala es fundamental para satisfacer esta necesidad de financiación.
De acuerdo con The World Economic Forum , la creación de políticas públicas que refuercen los procesos económicos de los países receptores de los fondos de cooperación debe estar alineados con una gestión de la deuda y una gobernanza empresarial favorable para aumentar la confianza de los inversores y fomentar la entrada de capitales. Asimismo, las entidades gubernamentales pueden promover iniciativas donde las empresas puedan financiar la descarbonización de sus cadenas de suministro y procesos productivos, con probables repercusiones positivas en los servicios públicos y la producción energética, transformando dichos procesos en renovables y sostenibles.
En consecuencia, aunque la salida de Estados Unidos del Acuerdo de Paris y la eliminación de los fondos para el clima representa un fuerte golpe a la cooperación internacional, especialmente por ser uno de los mayores contribuyentes a nivel económico, es importante mirar hacia el potencial del financiamiento privado a través de procesos innovadores y asociaciones estratégicas que permitan un desarrollo responsable y sostenible de las empresas. En correspondencia con el BID, se debe reconocer el papel central que tiene el financiamiento en la modificación y reducción de los efectos del cambio climático y la responsabilidad de los gobiernos, las empresas y las instituciones financieras públicas y privadas para repensar a partir de ahora los criterios que sustenten la toma de decisiones relativa a la inversión climática.
Bárbara Rodríguez
Politóloga de la Universidad Central de Venezuela. Interesada en temas relacionados al desarrollo de proyectos socialmente sostenibles. Actualmente se desempeña como asistente de la Gerencia de Servicios Binacionales y es la responsable de coordinar la sección Sustainable Corner de VenAmCham.