De acuerdo con Castillejo, entre los aspectos más importantes del Reglamento están que toda transacción referida a accidentes ocupacionales requiere del informe del INPSASEL; que las compañías deben garantizar óptimas condiciones del medio ambiente, condiciones seguras y salubres, Licencias para la Protección de la Salud, designar Delegados de Prevención y Comités de Seguridad y Salud, así como establecer Programa de Seguridad y Salud.

Neher expuso que las 2 principales obligaciones para las empresas son: emplear 5% de discapacitados -del total de la nómina-, aunque el número de trabajadores sea inferior a 50; así como notificar a las instituciones pertinentes de estas contrataciones. La ley también establece sanciones por discriminación, impuestas por el Consejo Nacional para las personas con discapacidad, CONAPDIS.

Destacó que esta Ley, a diferencia del instrumento legal anterior, permite a ciegos y sordomudos celebrar procedimientos jurídicos, sin la autorización de un tribunal competente.

Destacó que estos Comités tienen potestad para denunciar condiciones inseguras o el incumplimiento de acuerdos alcanzados en materia de seguridad y salud, al tiempo que poseen facultad de fiscalización que, eventualmente, podrían crean espacios de conflicto con los empleadores.

El Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, INPSASEL, es el organismo que regula esta materia y posee facultades discrecionales para dictar normas técnicas, de acuerdo a la naturaleza de cada compañía.

Destacó que el auge de los Consejos Comunales o Poder Comunal, impulsado por el Gobierno, afecta significativamente la gestión del empresariado hoy día, puesto que se basa en figuras tales como Cogestión, Gestión Corporativa y otros modelos destinados a atender necesidades comunitarias.

El especialista planteó una importante reflexión en torno a los avances o retrocesos en el Derecho Laboral Tradicional, dada la clara intención del Ejecutivo Nacional de focalizar la gestión empresarial en la “solidaridad comunal”.

Clementina Gómez expresó la importancia de crear mecanismos específicos, para la ejecución de las recientes disposiciones gubernamentales. En este sentido, destacó que las empresas deben formar a sus empleados y fomentar su participación, a fin de facilitar la aplicación de la Lopcymat y la creación de los Comités de Seguridad y Salud Laboral.

Bajo estos parámetros, Gómez sostiene que las compañías deben también garantizar un ambiente de trabajo sano y seguro, en estricto cumplimiento del Marco Jurídico.

Para esto, se debe reglamentar un Plan de Higiene y de Seguridad Industrial, en el que se establezcan claramente responsabilidades y se garantice el bienestar físico y mental de los trabajadores