18/06/2005
Miguel Sanmartín // Delincuencia y basura
El
régimen escapista no se hace responsable de nada.
El país se cae a pedazos, hay más indigentes, se
dispara la conflictividad y empeora la situación
económica. Aumentan los problemas sociales y cada
día se hace más evidente la crisis de Pdvsa. Todos
los índices independientes revelan que sigue creciendo
la pobreza. En paralelo la gente se queja amargamente
de la acumulación de basura en las calles de Caracas
y el incremento de la criminalidad en todo el país.
Pero para la regente autocracia (militarista, socialista)
no está ocurriendo absolutamente nada (malo). Y,
si algo (negativo, turbio) estuviese pasando, la
culpa, según la tesis castrista adoptada y recitada
desde el poder, sería de los medios de comunicación.
Los
índices de criminalidad (respaldados por investigaciones)
presentados en el reciente Seminario de Seguridad
en Venamcham son una radiografía (tétrica) de la
Venezuela castro-chavista. El incremento del delito
se debe, entre otros factores, al deterioro económico
y social de la población, al desempleo, la falta
de políticas preventivas, la ineficiencia del Ministerio
Público y peor funcionamiento del sistema judicial,
al "descalabro" de los organismos de seguridad y
la violenta situación carcelaria. Pero nada de esto
es admitido por los funcionarios del régimen. Todos
se excusan o responsabilizan a un pasado ya muuuuy
lejano.
Hasta
el defensor del Pueblo rechazó las estadísticas
mostradas en el evento, como desmintió también el
informe de la Cepal según el cual Venezuela y Argentina
son los únicos países suramericanos donde sigue
creciendo la pobreza.
Al coro evasivo se unió el ministro de Interior
y Justicia, Jesse Chacón, quien al momento de ofrecer
el parte semanal de criminalidad _según él disminuyeron
los delitos_ acusó a los medios de no informar "la
verdad de lo que está sucediendo en el país". La
misma letanía la entonó su par Andrés Izarra, al
anunciar los ganadores del Premio Nacional de Periodismo.
Contrario
a lo que la autocracia querría que divulgaran los
medios, sí hay gran malestar entre la gente por
la degradación de la calidad de vida y la inseguridad.
También por el empeoramiento de los servicios públicos
y el alza del costo de la vida. Si a esto se añade
la incesante promulgación de leyes intervencionistas
y punitivas como la de Educación, Ilícitos Cambiarios,
FAN, BCV y la nueva reforma al Código Penal, la
restricción de derechos políticos y ciudadanos y
la represión, es dramático lo que hoy acontece en
el país, aunque el régimen no lo admita.
Por
más que la autocracia se obstine en negarlo, es
notorio e inocultable que los problemas y el disgusto
de la gente se acumulan como la basura que el alcalde
Bernal no ha sido capaz de recoger. De allí el nerviosismo,
el miedo a presentarse en público y el cada vez
más férreo control de las instituciones. Esto explica,
también, el afán de crear la milicia para sustituir
a la FAN.
La
indignación popular estruja al régimen. Crece la
decepción por tanta incompetencia, promesas incumplidas
y el frenesí magnicida. La detonante situación en
la FAN y ahora en la Disip y las tensiones políticas
por las arbitrariedades del CNE suben la presión
a la caldera. Aunque el régimen lo rechace y aunque,
como quisiera, los medios no dijeran lo que dicen
(la verdad), la tormenta no amainará. ¿Se avecina
otra vaguada?
15/06/2005
37 aniversario de la Revista Business Venezuela
Divulgada
en inglés y con una temática que gira en torno a
los negocios, la reconocida revista Business Venezuela
celebró sus treinta y siete años de circulación
en el país. Para festejar la ocasión, se realizó
un coctel en la Quinta Esmeralda que sirvió de escenario
para hacer el anuncio del lanzamiento oficial de
su página web en español.
La publicación auspiciada por VenAmCham, una de
las más prestigiosas cámaras empresariales de Venezuela,
se ha enfocado en seguir los procesos de desarrollo
económico del país durante sus treinta y siete años
de trayectoria. Sus lectores pueden tener acceso
a informaciones inéditas acerca de las empresas
binacionales, novedades acerca de la responsabilidad
social empresarial, recientes nombramientos, detalles
de mercadeo, turismo, tecnología, entre otros.
Con
deseos de expandir su público y darle un mayor valor
agregado a sus anunciantes, la revista creó una
nueva página web, que contará con el mismo contenido
que brinda la versión impresa, pero cuya información
será mostrada en español. Del mismo modo, se mantendrán
las secciones, entrevistas y análisis múltiples
que tratan los temas económicos de actualidad, entorno
a los cuales se ha mantenido centrada durante sus
inicios.
Ver
fotos
15/06/2005
INSEGURIDAD / La pobreza es el principal caldo de
cultivo
Homicidios se multiplicaron por cinco en dos décadas
Los
índices delictivos se acentúan debido a un descalabro
social. Es necesaria una reestructuración en el
sistema para reprimir el delito sin vulnerar los
derechos humanos.
MARIA
ISOLIETT IGLESIAS
La
criminalidad aumenta de manera progresiva, de eso
no cabe ninguna duda. Venezuela es uno de los mejores
ejemplos de ello en Latinoamérica y el mundo. Así
quedó demostrado en un informe que entregó el Programa
de las Naciones Unidas (en ese estudio quedaba el
país como el más violento del mundo en 2004) y ratificado
con la ponencia que el sociólogo Roberto Briceño
León hizo en el foro que organizó la Cámara Venezolano
Americana de Comercio e Industria (Venamcham). Allí
el experto investigador explicó que para 2003 hubo
un incremento en el número de homicidios ocurridos
en toda la nación.
En
el estudio realizado por el Laboratorio de Ciencias
Sociales de la Universidad Central de Venezuela
(presidido por Briceño León), se muestra que para
ese año, por cada 100 mil habitantes, se registraron
50 homicidios; cinco veces más que los ocurridos
en 1984.
En 1993 hubo un total, refirió el experto, de 4.292
asesinatos en todo el país, según cifras conocidas
por las autoridades. Diez años después, sólo en
Caracas se contabilizaron 4.436 muertes violentas.
Las
razones que podrían explicar el porqué de tan pronunciado
incremento, agregó Briceño León, son: las transformaciones
de la sociedad, el descalabro de las instituciones,
el fin de la paz social debido a importantes crisis
políticas y la ilegitimidad de la división social.
En cuanto a este último punto, el sociólogo refirió
que las comunidades más violentas son aquellas donde
la confrontación de las clases es más notoria. "En
la propia Venezuela, la criminalidad no se concentra
en las entidades más pobres, sino en aquellas donde
hay una confrontación entre los estratos sociales...
la violencia es el resultado de la convivencia mal
encaminada de la riqueza y pobreza".
Para
corregir esta situación y mermar la necesidad que
ha manifestado el venezolano de tomar la justicia
por sus propias manos, es necesario atacar las tres
crisis que han alimentado la delincuencia: Acentuados
problemas en las instituciones que inhiben la violencia
(la familia, la religión y la educación), crisis
de los organismos que disuaden la violencia (sistema
judicial y carcelario y aplicación de las normativas)
y deterioro en los grupos que reprimen la violencia
(manejar el descrédito de las diferentes policías).
"No puede haber represión sin respeto a los Derechos
Humanos... si no queremos que la crisis siga creciendo,
hay cosas que deben cambiar", concluyó el sociólogo.
Una
bomba de tiempo
El defensor del Pueblo, abogado Germán Mundaraín,
dijo que el año 2001 fue el que marcó la profundización
de la crisis en la sociedad venezolana. Según él,
se acentuaron los problemas de la educación, desempleo,
exclusión y pobreza, además de un fuerte problema
político y de violación de los Derechos Humanos.
"Para
2001, Venezuela estaba sumergida en una pronunciada
crisis económica y todas las soluciones se centraban
en la ideología de la violencia... fue en aquel
entonces cuando surgieron los grupos exterminio
y la violencia la norma para sobrevivir. Fue entonces
cuando se criminalizó la pobreza y se formalizaron
los falsos enfrentamientos... es decir, se formalizó
un verdadero clima de impunidad".
Pero
en la actualidad, según Mundaraín, la violencia
_y por ende la criminalidad_ ha comenzado a disminuir
porque se ha logrado conquistar los diferentes caldos
de cultivos entre ellos la pobreza. Según el Defensor
del Pueblo, los indicadores de este último tópico
comenzaron a disminuir. Sin embargo, un informe
publicado por la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (Cepal) refiere que Venezuela
y Argentina son los únicos países del hemisferio
que pronunciaron su nivel de pobreza para 2004.
14/06/2005
Venamcham organiza foro sobre delito
La
Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria
(Venamcham) organizó, para hoy, un foro que tratará
el tema de la represión del delito y derechos humanos.
La sede escogida para el encuentro fue el Salón
Michelena, del hotel Marriott.
En ese lugar se congregarán: Franklin Chaparro Rojas,
presidente del Comité de Prevención y Control de
Pérdidas, quien se encargará de moderar todo el
evento; Roberto Briceño León conversará sobre la
situación de la violencia en Venezuela; Fernando
M. Fernández expondrá las recomendaciones de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y tratados
internacionales sobre el control policial de la
violencia; Germán Mundaraín, el defensor del Pueblo,
tendrá a su cargo una ponencia sobre las violaciones
de los derechos humanos, el papel de su despacho
ante esa situación y sobre grupos exterminio; por
Cofavic asistirá Liliana Ortega, ella presentará
un informe sobre grupos exterminio, y para cerrar,
el alcalde mayor, Juan Barreto, expondrá los índices
de la violencia en Caracas, represión del delito
y derechos humanos. Además, agregará los planes
dispuestos por su despacho. El horario del encuentro
quedó establecido entre las 8 de la mañana y las
12 y 30 del mediodía.
20/06/2005
Irán a la cárcel quienes comercialicen más de $
20.000
Los
redactores del proyecto
de la ley de ilícitos cambiarios modificarán, a
última hora, un artículo para sólo sancionar con
multas a quienes compren o vendan en el año divisas
por montos de entre 10.001 y 20.000 dólares. Una
concesión que –para los abogados penalistas– no
reduce la enorme discrecionalidad del texto para
castigar a cualquier ciudadano
CORINA
RODRÍGUEZ PONS
Del
primer borrador que se hizo del proyecto de la Ley
Penal Cambiaria hasta ahora se ha modificado más
que el título. Los diputados que redactaron el texto
legal que penalizará la comercialización de dólares
dentro del territorio nacional están contentos,
porque –aseguran– su aprobación provocará “una flexibilización
del control de cambio”. Pero los expertos penalistas
creen que con esta legislación tendrán más trabajo.
Los abogados penalistas insisten en que si no cambia
el artículo 7, que recibió el visto bueno de la
Comisión de Finanzas, cualquiera puede ir preso
si un juez o el presidente de la Comisión de Administración
de Divisas así lo decide.
Elvis
Amoroso, presidente de la subcomisión que se encargó
de revisar el proyecto que presentó la Procuraduría
General de la República pocos meses después de que
se instauró el régimen cambiario –el 21 de enero
de 2003–, anunció una de las últimas reformas que
le harán al proyecto antes de que llegue a la plenaria
del Parlamento, en la que se hace la última revisión
para aprobarlo definitivamente.
“Decidimos
modificar el artículo 7 para que sólo se sancione
con multa a los que transen divisas por montos que
vayan de 10.000 a 20.000 dólares. Ahora serán los
que comercialicen más de 20.000 dólares los que,
además de pagar la multa, irán a la cárcel”, reveló
Amoroso.
Se
refiere al primer artículo del capítulo de las sanciones
del proyecto de ley, específicamente al párrafo
más polémico de ese texto, que casi todos los gremios
empresariales del país han pedido que se modifique.
En él se establece –por ahora– que “quien para fines
distintos a los permitidos por la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela, esta ley,
los convenios suscritos por la República o cualquiera
otra norma aprobada por la Asamblea Nacional, compre,
venda o de cualquier modo enajene, transfiera, reciba,
exporte o importe divisas por un monto superior
a 10.000 dólares, en una o varias operaciones ocurridas
en un mismo año calendario, será sancionado con
prisión de 2 a 6 años y multa equivalente de una
a tres veces el monto de la operación, sin menoscabo
de la obligación de reintegro o venta de las divisas
al BCV”.
Parece
que Amoroso aceptó la sugerencia que le hizo la
diputada de oposición Liliana Hernández antes de
que los parlamentarios oficialistas de la Comisión
de Finanzas aprobaran ese artículo, pese al bombardeo
de críticas que hizo el resto de los diputados.
Hernández
insistió a los legisladores que redactaron esa norma
que estaban castigando de la misma forma tanto al
ciudadano que se pudo exceder por error de su cupo
de divisas por apenas 200 dólares, como al delincuente
organizado que estafa al Estado por 100.000 dólares.
“Esta
ley es muy poco revolucionaria, porque castiga severamente
al ciudadano común y permite comprar divisas a través
de la adquisición de bonos y acciones, operación
que, en su mayoría, hacen empresas y bancos. Esta
es una ley para banqueros”, comentó Hernández.
En
efecto, el siguiente párrafo de ese artículo dice
que “se exceptúan las operaciones de títulos valores”.
Eso quiere decir que una persona puede comprar acciones
y bonos emitidos por la República denominados en
dólares por el monto que desee.
El
diputado oficialista prometió revisar el artículo,
pero de todas formas sugirió su aprobación y sus
compañeros de bancada le hicieron caso. Ahora advierte
que el único cambio que se hará antes de llegar
a la plenaria será para dejar ese margen de error
que puede salvar a un ciudadano de ir a prisión.
El abogado penalista Fernando Fernández considera
que eso no eliminará los graves problemas que dejaron
por escrito los legisladores.
Breve
alegría
Fernández asegura que “ese párrafo deja a discreción
de los operadores de justicia y los funcionarios
públicos la decisión de enviar o no a la cárcel
a una persona”.
El
experto lee de nuevo las primeras cinco palabras
de ese artículo y asegura que el mayor problema
aparece sólo al decir que comete delito “quien para
fines distintos a los permitidos por la Constitución...”
.
Primero
aclara que ese “quien” puede ser cualquiera; es
decir, personas, empresas, venezolanos o extranjeros.
Luego
advierte que “como nuestra Carta Magna no dice nada
preciso sobre los delitos cambiarios, ni establece
prohibición alguna en la materia, un fiscal del
Ministerio Público o un tribunal penal puede argüir
que se trata de cualquiera de los fines del texto
constitucional, por lo que se deben revisar sus
350 artículos y las disposiciones transitorias para
adivinar dónde está implícito lo que no se dice
en parte alguna”.
En
la jerga jurídica los legisladores han creado lo
que se denomina “el delito en blanco, debido a que
el artículo deja en manos de los operadores de justicia
la interpretación de lo que se debe o no castigar
con multa y cárcel”.
La
sig u i e n t e frase crea otro problema, a criterio
del abogado Juan Martín Echeverría. El problema
es que cuando se incorpora sin determinarlos “los
convenios suscritos por la República y/o disposiciones
aprobadas por la Asamblea Nacional” se crea una
norma abierta o lo que se llama un delito abierto,
alertó el abogado durante un foro que organizó la
firma Veneconomía.
Fernández
explica que “en la práctica la definición de estos
delitos la hará el Poder Ejecutivo mediante convenios
o normas sublegales, por lo que es posible ir agregando
delitos cambiarios a través de la Gaceta Oficial,
tan sólo publicando nuevas providencias de Cadivi”.
Representantes de Conindustria advierten que como
ese artículo castiga las trasgresiones a cualquier
disposición o trámite de las providencias de Cadivi,
en este momento ya hay una lista de 250 delitos
cambiarios, que puede seguir creciendo.
Repetición
sin público
El abogado Juan Martín Echeverría recordó que el
artículo 7 que fue aprobado restituye el artículo
6 de la aún vigente Ley de Régimen Cambiario, que
fue anulado por el Tribunal Supremo de Justicia
en una sentencia publicada el 22 de noviembre de
2001.
En
ese momento, el máximo tribunal consideró que se
violaba un principio fundamental: la reserva legal
que tiene el Poder Legislativo para decir lo que
es delito, que es una facultad que no puede ser
delegada a otro poder sin correr el riesgo de que
se anule.
Sin embargo, esa sentencia del TSJ llegó mucho después
de que comenzaran los juicios por las operaciones
realizadas durante la época en que existía el Régimen
de Cambio Diferencial (Recadi).
Quizás
por eso Fernández recomienda que “cada solicitante
de divisas lea muy bien todas las providencias de
Cadivi, así como también todas las jurisprudencias
que existen en torno a su operación antes de pedir
dólares. Como sé que la tarea es difícil, seguramente
los abogados penalistas tendremos bastante trabajo”.
El
triple
En caso de que un juez considere que una persona
cometió un delito cambiario, el proyecto establece
tres castigos: de 2 a 6 años de prisión, multa de
tres veces el monto de la operación penalizada y
el reintegro de los dólares al BCV.
Conindustria
y Venamcham han insistido en lo desproporcionado
que son los castigos que imponen los legisladores.
Para
ilustrar mejor la idea, el abogado Echeverría advierte
que al establecer la pena máxima de 6 años de cárcel
queda prohibido incluso que el juicio por delitos
cambiarios se desarrolle en libertad, porque el
artículo 253 del Código Orgánico Procesal Penal
otorga esa concesión cuando la pena máxima es menor
a 3 años de cárcel.
El
diputado Elvis Amoroso insiste en que no terminarán
en la cárcel quienes comentan un delito al realizar
una operación por un monto inferior a los 20.000
dólares.
No cabe duda de que la cantidad límite de dólares
por la que se castigaría a una persona aumentó considerablemente
en el transcurso de la discusión del proyecto de
ley y también se redujeron los años de cárcel.
Inicialmente,
el proyecto que presentó la Procuraduría pretendía
castigar a quienes vendieran, compraran, exportaran
o importaran más de 1.000 dólares.
Luego, la subcomisión que se creó fijó un monto
mínimo de 4.000 dólares en el caso de las personas
naturales y de 9.000 dólares para las jurídicas,
que luego terminó en 10.000 dólares.
La
sanción que recibían era prisión de 10 a 14 años
y multa de 5 a 10 veces el equivalente en bolívares
de la respectiva operación cambiaria, que ahora
se redujo.
“Si
se aprueba esta ley, las casas de cambio que se
instalen en las zonas para los pasajeros en tránsito
de los aeropuertos podrán comprar y vender divisas
a los turistas; claro, que en el caso de los venezolanos
se hará de acuerdo con el cupo que tengan establecido”,
explicó Amoroso lo que considera será la flexibilización
del control de cambio, que se ejecutará con la Ley
de Ilícitos Cambiarios cuando entre en vigencia.
Por
ahora, los abogados señalan que lo único que no
está penalizado de acuerdo con esta ley es la “tenencia
de divisas”, porque hasta ofrecer productos que
tengan precios en dólares se pagará con una multa
de una a tres veces el equivalente del monto ofrecido.
Eso sí, los billetes tendrán que guardarse en un
lugar secreto, porque el régimen cambiario prohíbe
tener una cuenta en dólares en el país.
Las
ventajas del Estado
José Vicente Rangel expresó su opinión sobre los
controles de cambio hace 15 años. “La lectura del
libro de Agustín Beroes, Recadi: La gran estafa,
conduce inevitablemente a las siguientes reflexiones
sobre el poder. Una: todo poder sin control es,
por naturaleza, corrupto. Otra: el funcionamiento
de los controles casi nunca es eficiente. Y podría
hablar de una tercera: la quiebra de los controles
dentro del poder democrático, asimila éste al poder
autoritario”, escribió en un artículo, el 23 de
mayo de 1990.
El
abogado Fernando Fernández está convencido de que
el Estado, al ejercer su poder y decretar un control
de cambio, que pareciera será para siempre, también
ha decidido violar hasta nuevo aviso uno de los
derechos humanos que califica fundamental: la libertad
económica.
¿Por
qué el Gobierno puede tener una cuenta en dólares
en el Banco Central de Venezuela y los venezolanos
no? Se le pregunta a este experto. Fernández admite
que “se trata de una discriminación odiosa que raya
en la violación de los derechos constitucionales,
porque el Estado se reserva una libertad y suprime
un derecho humano fundamental que es la libertad
económica; es un privilegio que todo el mundo se
pregunta si será permanente”.
15/06/2005
Cofavic: La impunidad está multiplicando delitos
contra los derechos humanos
Liliana
Ortega señaló que el fenómeno está cerrando las
vías democráticas. La directora de la ONG hizo una
exposición en un foro sobre delito y derechos humanos,
organizado por Venamcham, en el cual participaron
también especialistas en el tema de la violencia
OLGALINDA
PIMENTEL
Liliana
Ortega, directora ejecutiva de Cofavic, advirtió
que la impunidad, fenómeno recurrente en investigaciones
de atropellos policiales, está generando una multiplicación
de los delitos contra los derechos humanos, razón
por la cual exhortó a las autoridades y a la sociedad
civil a comprometerse con el problema. “La impunidad
en estos casos le está cerrando al país las vías
democráticas”, expresó.
Ortega
reiteró la advertencia durante su exposición del
Informe sobre Grupos Parapoliciales —elaborado por
Cofavic en el año 2004— en el foro Represión del
Delito y Derechos Humanos, organizado por Venamcham.
En el acto, varios especialistas hicieron un diagnóstico
sobre la violencia en el país y se aproximaron a
los planes de seguridad para enfrentar el problema.
Participaron
como expositores, además de Ortega, el sociólogo
Roberto Briceño-León, especialista en violencia
urbana, quien disertó sobre el fenómeno y sus causas
en el país; el abogado penalista Fernando Fernández,
miembro del Comité Ejecutivo de la Sección Venezolana
de Amnistía Internacional, que centró su exposición
en las recomendaciones de la ONU y los tratados
internacionales de derechos humanos sobre prevención
y represión del delito y violencia; el defensor
del pueblo, Germán Mundaraín, a quien correspondió
explicar el papel de esa institución ante los casos
de violaciones de derechos humanos; y el alcalde
mayor, Juan Barreto, que se refirió a los planes
de la Alcaldía y el papel de las policías municipales
frente a la violencia caraqueña.
80%
sin juicio
Varios de los datos relevantes de la investigación
realizada por Cofavic entre los años 2003-2004,
en una población de 103 víctimas directas de los
estados Anzoátegui, Portuguesa, Falcón y Yaracuy,
indican un elevado porcentaje de asesinatos de grupos
parapoliciales: desde 91% en Anzoátegui hasta 50%
en Yaracuy. Pero también de desapariciones forzosas,
que en Yaracuy alcanza 19%.
Ortega
señaló que la impunidad de los grupos parapoliciales
(entendido como desviaciones de un grupo de uniformados
y no como cuerpo policial) es un fenómeno nacional
que está relacionado con investigaciones deficientes
y la ausencia de castigo.
En
el informe se revela que 80% de los casos seguidos
a estos policías no llega a juicio, es decir, no
pasa de la fase preliminar en la que interviene
el Ministerio Público.
Pero
los que llegan a juicio son absueltos. “No quiere
decir nada más que la sentencia sea favorable, puede
haber una sentencia favorable pero tomada conforme
a Derecho, pero en este caso las absolutorias atentan
contra los derechos humanos”, precisó la directora
de Cofavic.
Destacó la necesidad de que los organismos de investigación
criminal dependan administrativa y operativamente
de la Fiscalía General o del Tribunal Supremo de
Justicia.
“Creo
que el COPP trajo avances en ese sentido, pero la
dependencia administrativa del Ejecutivo (regional
o nacional) sigue privando negativamente en las
actuaciones de las policías”, añadió.
El
penalista Fernando Fernández se refirió a las 10
normas básicas en derechos humanos de la ONU y la
conexión de los tratados internacionales con las
leyes venezolanas. Destacó que la privación ilegítima
de libertad por cualquier autoridad o persona al
servicio del Estado que impida, además, el ejercicio
de sus derechos y garantías constitucionales, está
contemplado como el delito más grave del Código
Penal (artículo 180-A) y es castigado con pena de
15 a 25 años de presidio.
En
el foro también se alertó sobre el incremento del
fenómeno de apoyo a la violación de los derechos
humanos. El sociólogo Roberto Briceño-León señaló
que la percepción de la falta de represión eficiente
del delito, junto con el reforzamiento de conductas
abusivas por parte de altos funcionarios públicos,
incluso produce un marcado apoyo a favor de la violación
de los derechos. Citó estudios realizados: Mientras
32% de la población opinaba en 1996 que la policía
tenía derecho a matar, en 2004 la cifra se situó
en 38,4% . “Si no queremos que los homicidios sigan
creciendo, tenemos que respetar los derechos humanos”,
dijo.
14/06/2005
Barreto: Aspiramos a una policía preventiva y no
represiva
Durante
el foro “Represión del delito y Derechos Humanos”
en el Hotel Marriot de venamcham el Alcalde Mayor,
Juan Barreto, indicó que los temas tocados fueron
sobre la revolución y el socialismo, en cuanto a
la inseguridad ciudadana, indicó que ha aumentado
la operatividad de los cuerpos policiales.
Barreto
indicó que aspiran a que los cuerpos policiales
no sean para reprimir sino que tenga como base “fundamental
la prevención del delito, educación ciudadana, la
organización, en ese sentido incorporamos más de
1600 jóvenes voluntarios para el trabajo en las
comunidades, es decir la policía social”.
En
la medida que siga la colaboración entre el gobierno
regional, nacional y la ciudadanía Caracas será
una ciudad para el disfrute de todos los ciudanos.
15/06/2005
En Venezuela
El 80% de violaciones a derechos humanos han quedado
impunes
Liliana
Ortega, Directora Ejecutiva de Cofavic señala que
en Portuguesa el 90% de los crímenes son por ajusticiamientos
Caracas,
14 de junio.- La impunidad se ha convertido en uno
de los más grandes males que hoy se enfrenta en
Venezuela, advirtió la abogado Liliana Ortega, Directora
Ejecutiva del Comité de Familiares de las Víctimas
de los Sucesos de Febrero-Marzo 1989, Cofavic, en
el marco del foro “Represión del Delito y Derechos
Humanos”, organizado por VenAmCham.
Precisó que es lamentable que hoy en día en Venezuela
tengamos mayor violencia, mayor déficit institucional
y, por supuesto, más crímenes contra los seres humanos,
debido a la gran impunidad que hoy se vive en la
Nación
El
arraigo con que ese fenómeno tiene ya posicionado
en Venezuela, en la agenda pública venezolana, ciertamente
es un detonante y se ha convertido en un multiplicador
real de lo que son los delitos contra los derechos
humanos.
Al dar a conocer algunas cifras, señaló que hay
una investigación dirigida en cuatro estados del
país, Anzoátegui, Falcón, Portuguesa y Yaracuy
Nos
hemos encontrado, que en el estado Portuguesa, el
90% de los crímenes son ajusticiamientos, un número
mayor se registra en Anzoátegui, mientras que en
Yaracuy se registra un 50% y Falcón 70%, lo que
indica que ambas entidades se comete este mismo
delito. Luego tenemos amenazas y lesiones y un tema
que no estaba en nuestras investigaciones, son las
desapariciones forzadas, siendo el estado con el
porcentaje más importante es Yaracuy, pero en Falcón
y Portuguesa también se observa este fenómeno, que
es un crimen internacional imprescriptible y continuado--,
aseguró Liliana Ortega.
En
cuanto al género de las víctimas, señaló que el
99% son hombres; el 41% de las víctimas son muy
jóvenes, entre 21 y 30 años, mientras que el segundo
porcentaje en importancia son jóvenes adolescentes.
Señaló que Cofavic está trabajando desde hace dos
años con los casos de mujeres víctimas de la violencia,
con edades entre 41 y 50 años, muchas de ellas madres
o abuelas, quienes presentan en muchos casos enfermedades
graves, a veces crónicas y que están ligadas con
el estrés por la falta de acceso a la justicia y
la impunidad, y los niveles altísimos de frustración
que enfrentan cuando no solamente sufren la muerte
de un ser querido, sino la imposibilidad de que
se conozca la verdad de lo ocurrido y que se puedan
investigar los hechos de manera seria e independiente.
Insistió
que en todos los casos de violaciones de derechos
humanos que ha investigado Cofavic, se ha detectado
que el mayor problema es la impunidad, ya que el
80% de los casos no llegan ni siquiera a juicio,
no pasan ni siquiera de la fase preliminar de investigación
del Ministerio Público. Asimismo, indicó que en
muchos casos cuando se produce una sentencia, en
un alto porcentaje es absolutoria y las evidencias
para decidir no fueron las más ortodoxas.
Nosotros que hemos venido monitoreando el tema de
la impunidad en el país, creemos que hay que llamar
a una conciencia nacional sobre este asunto, es
muy importante que las autoridades se comprometan
seriamente en la lucha contra la impunidad, que
puedan mostrar un plan de ruta eficiente para luchar
contra este fenómeno, siendo igualmente importante
que víctimas y sociedad puedan estar comprometidas
con esta lucha contra la impunidad, ya que en estos
casos focalizados, está cerrando espacios democráticos
a todos, la impunidad afecta no sólo a las 103 familias
a las que hemos llegado, no sólo a las familias
que asisten las organizaciones comunitarias, sino
que la impunidad es el único elemento que iguala
a toda la sociedad venezolana, y esto es un elemento
de perturbación, porque una democracia no puede
avanzar si no tiene justicia, castigo para los responsables
y, por supuesto, valores democráticos que están
íntimamente vinculados a los derechos humanos, dijo
Liliana Ortega.
Juan
B. Salas/Corresponsalía
13.000 homicidios se registraron en el país durante
el año 2003
En
el año 2002 se registró sólo en Caracas el mismo
número de homicidios registrados en todo el país
el año 1990
Caracas,
14 de junio.- Un total de 13.200 homicidios se registraron
en todo el país, durante el año 2003, índice que
ha venido creciendo de manera acelerada en Venezuela,
afirmó Roberto Briceño León, docente de la Universidad
Central de Venezuela y Coordinador del Grupo Violencia
y Sociedad del Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales.
Precisó,
en el marco del foro “Represión del delito y derechos
humanos, organizado por la Cámara Venezolano Americana
de Industria y Comercio, VenAmCham. que el incremento
ha sido tan dramático que en el año 2002 se registró
en Caracas el mismo número de homicidios, que se
registró en 1990 en todo el territorio nacional,
es más de 2.400 homicidios.
Este
incremento que ocurre a partir de 1999, no es un
comportamiento normal, es un comportamiento que
está derivado de la crisis política, de la crisis
institucional que vive el país, del descrédito que
han tenido las policías. De alguna manera debo decirles
que hemos estado viviendo lo peor de dos mundos,
es decir que hemos vivido una situación en la cual
no ha habido represión del delito y lo que hemos
tenido es violación de los derechos humanos, cuando
lo que debía haber es represión del delito con respeto
de los derechos humanos. Si tenemos represión del
delito sin respeto a los derechos humanos, entonces
tenemos la violencia policial, tenemos lo que ha
ocurrido en Guárico y lo que ha sucedido en Aragua.
Si tenemos respeto a los derechos humanos y no hay
castigo para los delitos, sencillamente lo que tenemos
es una situación de anomia, de impunidad y en ambos
casos lo que sucede es que se incrementa la violencia;
por lo tanto, la respuesta es fortalecer el Estado
de derecho y esto se logra con una actuación policial
donde se fortalezcan las instituciones, actuanmdo
en prevención y en represión del delito, pero siempre
respetando los derechos humanos, aseguró Briceño
León.
Por
otra parte, reveló que en el año 1992 se hizo una
encuesta donde se preguntaba al ciudadano, si consideraba
que la policía debía matar a los delincuentes y
un 32%, respondió que sí; esta encuesta se revisó
en el 2004 y la aprobación se elevó a un 38,4%.
De
alguna manera, el miedo, el temor de la población
lo lleva a aprobar acciones extra judiciales e ilegales
por parte de la policía. Lo que hemos tenido es
una suma en la cual a la violencia delicuencial
se le ha añadido la violencia policial y más tarde
se le suma la violencia ciudadana, que se evidencia
en el apoyo ciudadanos a las acciones extra judiciales,
lo cual ocurre en un contexto donde hay mucha impunidad
y el ciudadano tiene mucho temor.
Sobre
la adquisición de armas por parte de la población,
Briceño León, explicó que el mismo temor de la población
lo ha llevado a que un 33% de la población manifieste
interés en armarse, los delincuentes ante el nuevo
riesgo que representa un ciudadano armado, adquieren
armas más modernas y caemos en una espiral de violencia
muy grande, de allí que lo que se ha incrementado
no es el delito en sí, sino la violencia letal del
delito, y esto es lo que da una diferencia fundamental
en la sociedad.
Esto
tiene mucho que ver con la formas de protección
que tomamos los ciudadanos, quienes ante la poca
efectividad de los cuerpos policiales para defender
sus derechos y su integridad, deciden tomarse la
justicia por su propia mano, de esta manera vemos
como se han incrementado los linchamientos y es
el apoyo a la acción extra judicial, por que si
la policía no cumple su papel, tampoco el Estado,
entonces pasamos a cumplirlo nosotros de una manera
directa, dijo el especialista.
Precisó que esta situación solo se puede detener
fortaleciendo el Estado de derecho y fortaleciendo
las instituciones
Juan
B. Salas/Corresponsalía
15/06/2005
Alcaldía Mayor espera marco legal para actuar en
caso de invasores
Barreto
confirmó la apropiación de 100 edificios de manera
ilegal
Prensa Alcaldía Mayor - Aproximadamente 100 edificios
permanecen invadidos en el Distrito Metropolitano
de Caracas, según lo confirmó el alcalde mayor,
Juan Barreto, quien aclaró que está esperando un
pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia,
para proceder con el desalojo de manera legal.
Las declaraciones de la máxima autoridad metropolitana
se produjeron en el marco de su participación en
del Foro "Represión del Delito y Derechos Humanos",
que organizó Venamcham, en un hotel capitalino.
Explicó
Barreto que espera por los resultados de una investigación
que mandó a realizar con la Policía Metropolitana,
a fin de comprobar el origen de las personas ilegales,
toda vez que en algunas oportunidades son grupos
políticos que pretenden alterar el orden público,
son aprovechadores de oficio que tienen sus viviendas
pero invaden o realmente son personas que no gozan
de una residencia.
"Vamos
a actuar por la vía de la persuasión u otros caminos.
La consulta al TSJ fue sobre la Ley de Inquilinato
y otros instrumentos legales relacionados, para
facilitar el marco de intervención en estos casos.
Luego de ese pronunciamiento tomaremos las medidas
e inclusive consultaremos con los alcaldes del Distrito
Metropolitano y el Gobierno Nacional, de modo que
se actúe de la mejor manera posible para proteger
los derechos colectivos de los lesionados y también
de los invasores".
Resaltó
el alcalde que es profundamente respetuoso de la
vida, de los derechos humanos y la vivienda, pero
también de la propiedad privada. "No se puede aceptar
que actúen a la brava sacando a los demás de sus
residencias". Aplicarán el marco vigente para garantizar
los derechos ciudadanos.
Reiteró que en los refugios han encontrado muchas
personas que no son damnificadas y sólo buscan que
les den otra vivienda, lo que ha perjudicado a los
verdaderos afectados, pues ha retrasado la entrega
de casas, mientras se confirman los censos. Hay
personas que se aprovechan de la necesidad de otros.
37
años en el mercado.
Edición Aniversaria de Business Venezuela dedicada
al negocio de los medios de comunicación en Venezuela.
Ya
está en circulación la edición aniversaria de la
revista Business Venezuela que arribó a 37 años
de exitosa permanencia en el mercado nacional e
internacional.
Durante
su existencia Business Venezuela le ha seguido el
rastro al progreso económico del país. Se ha convertido
en una herramienta útil a la comunidad empresarial
por su objetividad y equilibrio.- La revista mantiene
secciones dinámicas con especial énfasis en temas
empresariales de comercio e industria.
En esta oportunidad su edición aniversaria está
dedicada a la industria de los Medios de Comunicación
Social en el país. En los reportajes desplegados
en esta edición se presenta la recuperación que
experimentaron los medios en el 2004 y las perspectivas
de crecimiento que se perciben para el 2005, a pesar
que aún hay incertidumbres de cómo impactará al
negocio la situación política y las estrategias
económicas del gobierno. La publicación revela datos
interesantes acerca de la recuperación económica
de los medios y el lector podrá conocer por qué
para los altos gerentes de estas empresa, definitivamente
la prensa, la televisión y la radio siguen siendo
un buen negocio.
La
prensa se ha recuperado en circulación y paginación.
Este año están desarrollando con fuerza nuevos productos
y valores agregados que indican que la competencia
entre otros medios ya ha comenzado y que los anunciantes
están dispuestos a incrementar su inversión. Solo
en abril, uno de los principales periódicos nacionales
volvió a sus tradicionales cuatro cuerpos, mientras
otro, hizo finalmente realidad un sueño: comprar
una nueva rotativa que le dará una ventaja competitiva
más frente a sus rivales.
La
Ley de Contenidos va a incidir en el desarrollo
del negocio de los medios radioeléctricos y posiblemente
en los de la prensa. Aunque todavía es muy pronto
para conocer con exactitud los efectos que producirá
la aplicación de la ley, expertos señalaron a Business
Venezuela que va a ser uno de los factores que más
cambios va a producir en la manera en que se van
a comercializar los medios de comunicación en Venezuela
porque impone al negocio reglas distintas. contacto
de prensa/Venamcham.
Ver
fotos
20/06/2005
Aprecia Venamcham
“Servicio de transporte terrestre en Venezuela es
ineficiente”
Caracas,
Intopress.- La Cámara Venezolana de Industria y
Comercio (Venamcham) aseguró según un estudio elaborado
por Pro-Competencia y la Asociación Logística de
Venezuela (ALV), que el servicio terrestre en Venezuela
es ineficiente ante la escasez de unidades de transporte
de carga.
Según
el análisis referido por la cámara binacional, destacan
como factores desencadenantes de la problemática,
los altos costos de transporte y distribución. “El
principal costo del servicio de transporte lo representa
el vehículo, el mantenimiento mensual que éste requiere
para extender su vida útil, equipos específicos,
combustible, repuestos, y los fletes y aranceles.
Asimismo los camioneros venezolanos pagan los peajes
más altos de América, ubicándose en 2,5 dólares
por tonelada”, indica el informe. En torno a la
heterogeneidad del parque automotor, señalan que
los vehículos oscilan entre 0,5 a 45 toneladas,
con gran variedad de marcas y modelos, no siempre
adecuados a las características físicas de los materiales
transportados.
Los
vehículos livianos representan entre 30% y 40% del
flujo total de carga, lo cual indica que no se están
empleando los vehículos adecuados para el transporte.
Otra dificultad es la obsolescencia del parque automotor.
“El 50% de la flota total tiene entre 10 y 25 años
de vida”
Además
son variados los segmentos de mercado dentro de
la industria, que abarcan desde la carga pesada,
hasta productos alimenticios o de consumo masivo,
por lo que indican que no es usual la planificación
de rutas y la concentración de clientes que abarate
los costos de entrega de la mercancía. “Alto porcentaje
de camiones vacíos en el flujo de vehículos, con
una proporción que oscila entre 26% y 38% del total
nacional, lo que supone entre 50% y 80% de viajes
de retorno vacíos”.
Según
Venamcham, los factores citados traen consigo un
impacto ineludible sobre los precios y la calidad
del servicio. Al no hallar presión competitiva,
no se encuentran suficientes incentivos para la
inversión en mantenimiento de las unidades de transporte
(aún menos en la renovación del parque automotor)
y en la inclusión de avances que agreguen valor
al servicio de transporte.
Para la Unidad de Análisis Económico de Venamcham
es aún más grave el costo oculto de la ineficiencia
en este sector, que se ve traducida en altos costos
de distribución, lo que provoca que otras actividades
productivas pierdan márgenes de rentabilidad, atenuando
el impulso que el crecimiento de la producción empresarial
pretende conceder al crecimiento económico agregado.
Venamcham
también reporta como un gravísimo factor que atenta
contra la estabilidad de la distribución, en un
contexto de recuperación de la actividad económica,
la escasez de unidades de transporte de carga, producto
del exceso de demanda y contracción de la oferta
de flota pesada.
19/06/2005
MACRO RUEDAS
Tres millardos de dólares se negociarán con EE UU
La
ministra de Industria y Comercio, Edmée Betancourt,
aseguró a PANORAMA que para la cita comercial con
Estados Unidos se habían registrado 150 empresas
venezolanas y 83 norteamericanas.
Para
garantizar el éxito del intercambio, previsto entre
el 30 de junio y el 3 de julio, tanto en la embajada
de Venezuela en Washington como en los consulados
de las principales ciudades de EE UU se realizan
reuniones con las Cámaras de Comercio
Texto:
Wilmer Ferrer
El
Ejecutivo iniciará mañana una ronda de macro ruedas
de negocios que arrancan con Colombia, continúan
con Estados Unidos y concluyen con Uruguay en aproximadamente
un mes.
Estos
encuentros empresariales tienen el norte de incrementar
el comercio bilateral y la balanza comercial con
el país que protagonice la rueda.
“Venimos
haciendo mucho empeño en dos políticas: fortalecer
el mercado interno y fortalecer el externo porque
ambos nos permiten un enganche económico, así como
diseñar una planificación de atrás hacia adelante
para desarrollar empresas”, afirmó la ministra de
Industrias Ligeras y Comercio, Edmée Betancourt.
Uno de los éxitos en lo interno es el fortalecimiento
de las ruedas de negocios donde el Estado es el
que coloca la demanda en mesa a través de sus empresas,
en la que hicimos una sustitución selectiva de importaciones
con 1.033 empresas en julio de 2004 para casar la
demanda y la oferta por tres años, de las cuales
fueron escogidas 300 con las que el Estado está
trabajando en la actualidad y que reciben constantes
visitas de los equipos de técnicos designados para
hacerle seguimiento a los programas de compras.
-¿Cuál
es el programa a aplicarse en las macro ruedas binacionales?
-Es
lo que hemos llamado el fortalecimiento del mercado
externo. La primera fue con Colombia en marzo de
2004 en Margarita que arrojó negocios por 70 millones
de dólares y generó expectativa de negocios hasta
por 3.000 millones de dólares, como ha ocurrido.
En
julio de 2004 otra con Argentina por 80 millones
de dólares y expectativa de negocio por 1.000 millones.
Con Chile se celebró en abril de 2005 y arrojó negocios
por 83 millones y una expectativa por 500 millones
en un año. La segunda con Colombia ya ha logrado
inscribir 250 exportadores colombianos y 335 venezolanos,
y 214 importadores colombianos y 173 venezolanos
y se hará del 20 al 22 de junio en Bogotá. Luego
se hará la de Venezuela Uruguay del 26 al 28 de
julio para negociar 100 millones de dólares y una
expectativa de 500 millones en el año.
-Hay una programada con Estados Unidos...
-Se
planificó entre el 30 de junio y el 1 de julio,
y es la primera con ese país donde el planteamiento
inicial es un predominio hacia el sector de hidrocarburos,
aunque queremos que otros productos venezolanos
sean colocados en el mercado estadounidense. La
expectativa es casar 300 millones de dólares.
-¿Cuántas empresas asistirán?
-A
la mañana del viernes habían inscritas 150 venezolanas
y 83 norteamericanas, pero creemos que pasen de
100. Ha habido reuniones de la embajada de Venezuela
en Washington y de los diferentes consulados con
cámaras de allá que han mostrado disposición a participar.
El
llamado ha sido a las agrupaciones empresariales
de Miami, New Orleans, Houston, New York, Chicago
las cuales han pedido más explicaciones para ver
las posibilidades de invertir en Venezuela y el
ritmo que puedan tener las negociaciones.
-¿Podría
tener eco el ruido político entre los empresarios?
-El empresario de EE UU tiene muy claro que la atención
principal es para su negocio. Pueden ver la política
de la administración Bush, pero ellos no se mueven
de esa manera porque protegen mucho su sector empresarial,
son muy responsables, y si ésto es negocio para
ellos, así lo aceptan. El gobierno de EE UU ha mantenido
un bloque a Cuba por más de 30 años, pero los empresarios
han mantenido relaciones comerciales con esa isla.
-¿Qué
tipo de información solicitan al gobierno venezolano?
-La
legislación, los permisos fitosanitarios, la tramitación
para obtener divisas, cómo invertir en el país.
-¿Y
cómo han respondido ante esa información?
-Muy
bien, al punto que las 83 empresas inscritas es
un número considerable para nosotros. Muchas de
ellas ya tienen presencia en Venezuela. Nos ayuda
allá VenAmCham de EE UU que está sintonizada con
venir a esta macro rueda, no así la VenAmCham de
Caracas que está tratando de echar bromas.
-¿Cuál ha sido el porcentaje de crecimiento este
año de la industria ligera?
-Manejamos 4.866 empresas manufactureras de diferentes
sectores establecidas en el país en las que vemos
muchos tipos de crecimiento, aunque se ve un crecimiento
de las cooperativas. Pero en el Servicio Nacional
de Contrataciones, que es en el que se registran
las empresas, aparecen hasta mayo 33.000 incluidas
las cooperativas, las micro, pequeñas, medianas
y grandes empresas si quieren negociar con el Estado
y a las que se les ha hecho un llamado para que
actualicen su inscripción que dura un año.
-¿Cómo
ha sido el auge en el registro desde marzo 2003
a esta fecha?
-Sentimos
que ha habido un auge en cuanto a las micro y a
las cooperativas, pero se mantienen las del sector
manufacturero.
-¿Qué
ha pasado con las que cerraron con el paro?
-Son
las que tratamos de recuperar con nuestros programas
de cogestión, algo que ha ocurrido con Invepal,
Invetex, Invebal y se han reactivado otras. Hasta
ahora, 111 empresas se han adherido a la cogestión
y 23 han firmado convenios marcos y particulares.
Lo que pasa es que son procesos de cambios de modelos
productivos por lo que son masivas, además de que
requieren mucha capacitación y asistencia técnica.
-¿Hasta
cuando habrá control de precios?
-Todavía va a permanecer y debemos tener mucho cuidado
con el monitoreo de los productos porque ésa fue
una medida macroeconómica tomada con el control
de cambio. Podríamos pensar que el control de precio
no ayuda tanto, pero en la práctica son sólo 30
y son parte fundamental de la canasta básica y que
están dentro de Mercal, y los que no están en Mercal
se nos salen del control porque las empresas sacan
otras presentaciones para eludir el control.
No
queremos eliminar el control porque éso es lo que
nos permite estar monitoreando persistentemente
la inflación que este año será 15%, y la anualizada
de este momento es 17%.
-¿Cuál
es la respuesta de las empresas al mantenimiento
de esa medida?
-Hemos estado trabajando con las que han pedido
el aumento de los precios para ver la manera de
bajar los costos de producción y evitar que los
productos no sigan incrementando su valor, sin caer
en subsidio.
VENEZUELA
MÓVIL
Se
publicaron los dos decretos para instituir el programa
que se lleva adelante con la exoneración del IVA
para el vehículo básico, dirigido a la clase media,
y que dura hasta 2007.
Sólo
falta firmar los convenios con las siete ensambladoras,
con los autopartistas, con los concesionarios, el
Indecu, el Seniat y el Ministerio de Industrias
Ligeras que hará seguimiento al programa que busca
desarrollar la industria automotriz y que el producto
llegue al usuario.
Las primeras unidades saldrán al mercado hacia finales
de julio, y se espera que sea 40% de los 125.000
autos que se ensamblaron el año pasado, es decir
que podrían ser unas 60.000.
El
costo será entre 14 millones y 17 millones de bolívares.
La
exoneración del IVA es para el vehículo básico,
pero los aditamentos como aire acondicionado, frenos
de potencia, vidrios eléctricos, equipo de sonido
estéreo y otros detalles que el comprador ordene
no están exonerados del impuesto
