¿Hay
ética en los negocios?
La
pregunta es pertinente, dados los constantes ataques
desde esferas gubernamentales al “capitalismo salvaje”
y “neoliberalismo”, los cuales fueron coreados en
el recién concluido Foro Social Mundial celebrado
en Caracas.
El
cuestionamiento cobra especial actualidad, además,
por el reciente comienzo del juicio en Estados Unidos
contra directivos de Enron, empresa gigante en el
campo de la explotación energética que a finales
de 2001 se desplomó financieramente en medio de
acusaciones de prácticas contables fraudulentas.
Desplome que significó la desaparición de miles
de puestos de trabajo, de los ahorros y fondos de
jubilación de empleados activos y retirados, así
como de las inversiones de muchos pequeños accionistas.
Y no se trata de un caso aislado, pues en el transcurso
de años recientes son varias las destacadas corporaciones
norteamericanas— como son WorldCom y Tyco, entre
otras—cuyos directivos igualmente se han encontrado
en el banquillo de los acusados. Cabe apuntar, a
la vez, que los escándalos corporativos también
se han dado en Europa —recordemos el notorio descalabro
de la multinacional italiana Parmalat— y en Asia,
donde la japonesa Mitsubishi reconoció que durante
años ocultó defectos en sus automóviles.
¡Qué
duda cabe de que los juicios y penas impuestas en
el mundo de los negocios obligan a las compañías
más importantes a ser más cuidadosas ante sus diversos
públicos, al menos en cuanto al cumplimiento de
la ley! Pero muchos analistas del ámbito social
están acordes en que ahora hay un factor de mayor
peso en esta situación: una ciudadanía militante,
apoyada por la actitud escrutadora de los medios
de comunicación, cada vez más pendiente de la conducta
de las grandes corporaciones.
Para
ese público más exigente la responsabilidad social
empresarial no puede limitarse, como en sus manifestaciones
iniciales, a la filantropía o, en el caso de una
industria contaminante, a la conservación ambiental,
sino que debe abarcar todos los aspectos de su actividad:
la calidad de sus productos y servicios, los precios,
la atención a necesidades y reclamos de los clientes,
el trato justo a su personal, proveedores y distribuidores,
conjuntamente por supuesto con el estricto cumplimiento
de la ley.
En
fin, debe basar su conducta en la ética.
Según
el renombrado sociólogo y autor francés Gilles Lipovetsky,
en el entorno de los negocios se ha ido arraigando
la convicción de que la ética da dividendos. “Tradicionalmente
—afirma— teníamos el hábito de separar la ética
y las empresas, como si los negocios sólo fueran
cuestión de eficacia.
Hoy
día, en el corazón mismo del mundo de los negocios,
hay conciencia de que es necesario evitar el cinismo;
de que hacen falta reglas y valores”.
En
el reciente encuentro titulado: Empresa: ética y
responsabilidad social, patrocinado por la Cámara
Venezolana Americana de Comercio e Industria (Venamcham)
en Caracas, el filósofo y escritor español Fernando
Savater coincidió con esta impresión en una conferencia
centrada en que “una buena ética es un buen negocio”.
Por su parte, el padre Luis Ugalde, rector de la
Universidad Católica Andrés Bello, sostuvo en el
mismo evento que “una sociedad sin ética no tiene
sentido de conservación.
Sin
el bien de los demás, el individuo no puede estar
bien y eso también se aplica a las empresas”.
Sería ingenuo negar que los negocios tienen como
basamento el afán de lucro pero no por ello podemos
descalificar las evidentes bondades de ese mundo,
como son el suministro regular de bienes y servicios;
su influencia en el surgimiento de actividades industriales
y comerciales conexas; la creación de empleos directos
e indirectos; su contribución al bienestar general
mediante una acción gubernamental sostenida por
sus aportes al Fisco; su interrelación con centros
de formación técnica y profesional, cuyos beneficios
alcanzan a la comunidad en general.
No
obstante, es evidente que, ante una población empeñada
en sus exigencias, acompañada por la mirada rigurosa
de los medios de comunicación, la supervivencia
de ese mundo dependerá cada vez más de un comportamiento
transparente fundado en la ética.
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03/02/2006
Regular lo social
En
los últimos años, el gobierno venezolano ha comenzado
a regular, mediante legislaciones aprobadas por
la Asamblea Nacional, la cantidad de recursos que
las empresas deben destinar a actividades que pueden
incluirse en el ámbito de la responsabilidad social.
Algunos
empresarios rechazan esta tendencia gubernamental
a controlar la gestión de las compañías, pero la
regulación también tiene sus ventajas.
La
socióloga Mireya Vargas, especialista en el tema
de responsabilidad social, cree que es importante
recordarle a las empresas que deben ser responsables.
“En otros países también existe este tipo de regulaciones”,
aseguró en el foro Responsabilidad Social Empresarial
de Transnacionales en Venezuela, organizado por
la Cámara VenezolanoAmericana de Comercio e Industria
(Venamcham).
Vargas explicó que la aparición de disposiciones
obligatorias obedece al hecho de que las sociedades
están demandando una mayor contribución al desarrollo
por parte de las compañías que operan en ellas.
Agregó que las regulaciones, como tales, son positivas
porque establecen los problemas prioritarios que
deben ser atendidos y sirven de orientación al sector
empresarial.
En
Venezuela, por ejemplo, se aprobó recientemente
una ley que establece que toda empresa debe dedicar
un 1% de sus ganancias para financiar programas
orientados a combatir el consumo de sustancias estupefacientes
y psicotrópicas.
También
está previsto que la responsabilidad social sea
una de las condiciones que Pdvsa exigirá a las petroleras
que participarán en las empresas mixtas.
Lo mismo sucede con la Ley Orgánica de Ciencia,
Tecnología e Innovación; que establece que las grandes
empresas (todas aquellas que tengan ingresos brutos
anuales superiores a 100.000 unidades tributarias)
deben invertir al menos 0,5% de su utilidad antes
de impuesto en formación de talento humano y actividades
de investigación, en áreas relacionadas con su actividad.
DIÁLOGO
Y MOTIVACIÓN
Vargas aseguró que los empresarios no deben sentirse
amenazados por las regulaciones que, en materia
de responsabilidad social, ha venido implementando
el gobierno nacional. La socióloga recordó que muchas
empresas venezolanas invierten –en sus proyectos
sociales– porcentajes que superan de forma amplia
los que se han establecido en las nuevas leyes.
Advirtió,
sin embargo, que las regulaciones deben ser elaboradas
tomando en cuenta la opinión de todos los actores
que estarán involucrados en su ejecución.
“La definición de porcentajes y prioridades debe
ser compartida, de manera que lo aprobado tenga
que ver con la realidad de la empresa y la realidad
del país. En este sentido, es necesario un diálogo
entre gobierno, empresas y comunidades”.
Juan
Carlos Ahmad, director de Relaciones Externas de
Procter & Gamble, indicó que estimular a las empresas
para que implementen proyectos de responsabilidad
social puede ser una herramienta más efectiva que
el establecimiento de porcentajes obligatorios para
invertir en este tipo de actividades.
“La
imposición puede hacer que se logren cosas, pero
la motivación es mejor”.
Ahmad
señaló que, independientemente de la forma en que
sea fomentada, lo importante es que la responsabilidad
social esté intrínseca en la razón de ser de la
empresa. “La responsabilidad de una compañía con
la comunidad
Especialistas
en responsabilidad social aseguran que el gobierno
puede establecer regulaciones en esta materia, pero
advierten que debe hacerlo tomando en cuenta la
realidad de las empresas donde opera empieza por
los productos que oferta en el mercado.
También
con la relación que tenga con sus propios trabajadores”.
El
ejecutivo indicó, además, que la responsabilidad
social, además de ser una cualidad cada vez más
buscada por los inversionistas, constituye un seguro
de vida para las empresas privadas. “Si las comunidades
en que operamos no crecen ni se desarrollan, entonces
no tiene sentido que produzcamos bienes o servicios
(...) No podemos vivir aislados, todos estamos interconectados”,
dijo.
Tanto
Vargas como Ahmad destacaron la evolución que ha
vivido el concepto de responsabilidad social en
las últimas décadas: hasta los años 80 prevalecía
la visión filantrópica, en los 90 comenzó a ganar
fuerza el tema ambiental y ahora las empresas socialmente
responsables son aquellas que contribuyen al desarrollo
sustentable de la comunidad donde operan.
Vargas
explicó que el concepto actual de responsabilidad
social empresarial incluye, entre otras cosas, las
políticas y prácticas vinculadas a la relación con
actores sociales clave (accionistas, trabajadores,
proveedores, consumidores, autoridades), el cumplimiento
de los requerimientos legales y respeto hacia la
comunidad y ambiente donde opera.
La combinación de estos elementos desemboca en algo
que toda empresa socialmente responsable debe producir
en la actualidad: el triple saldo. Dentro de este
concepto se toman en cuenta –explicó Vargas– los
resultados que obtiene la compañía en materia ambiental,
económica y social, que son los tres componentes
del desarrollo sustentable
