En menos de una semana la sociedad venezolana ha sido conmovida con dos deplorables actos de agresión a los derechos humanos; ambos secuestros lamentablemente desembocaron con la muerte de los agredidos.

La respuesta de los distintos sectores del país, así como de la comunidad internacional, no se hizo esperar, condenando a todas luces estos hechos, al tiempo que en la Asamblea Nacional se mantiene la discusión del Proyecto de Ley Contra el Secuestro y la Extorsión.

Se hace difícil cuantificar las consecuencias de este tipo de acciones; sin embargo, es posible aproximarnos a los múltiples impactos de estos actos desde varias perspectivas.

Costos Sociales.- Lo primero que se hace notar es la inconformidad y condena de todos los sectores de la población ante la violación de los Derechos Humanos. Una sociedad indignada ante los hechos de violencia, orientando casi exclusivamente su atención a estos casos, puede concentrarse en manifestar su descontento y su temor, dejando de lado otras actividades.

Costos Gubernamentales.- Por otra parte, el Estado debe hacer mayor inversión en pro del resguardo de la ciudadanía y, en este sentido, garantizar óptimos sistemas de seguridad pública.

Es importante destacar que según el informe sobre Tendencias del Crimen y Operaciones del Sistema de Justicia 2002, de la Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas, Venezuela posee un índice de 15.76 efectivos policiales por cada cien mil habitantes -número muy bajo con relación a otros países-,. Asimismo, el Reporte 2004 de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, manifiesta preocupación ante las recurrentes demandas de abusos de poder por estos entes.

Adicionalmente, el Estado debe asumir el incremento de costos en investigaciones no previstos, así como el foco de todos los entes del poder público en la pronta y satisfactoria solución de la coyuntura, posponiendo asuntos igualmente importantes de la agenda gubernamental.

Costos Empresariales.- Finalmente, y no menos importante, el sector productivo del país se enfrenta a una gran amenaza. Los costos en materia de seguridad se han venido incrementando aceleradamente en los últimos años. El mayor indicador al respecto -ante la falta de cifras- es la variedad de servicios y tecnología de seguridad últimamente disponibles y utilizados en el país, los cuales influyen negativamente en los presupuestos de las empresas, costos que inevitablemente serán trasladados al consumidor final.

Para la inversión extranjera este tipo de situaciones tampoco resulta alentador, considerando que en el Mapa de Riesgos 2004 de la empresa especializada "Control Risks Group", si bien Venezuela no aparece situado en los primeros puestos del ranking, sí se especifica que los secuestros y extorsiones, así como el riesgo asociado a estos, se ha venido incrementando aceleradamente en los últimos años.

De nuevo nos encontramos con situaciones que dificultan la actividad económica en el país, limitando las libertades e incrementando los costos para las empresas, oscureciendo la imagen del país ante los inversionistas extranjeros y trasnacionales, así como empresas cuyas sedes ubicadas en el país, quienes además de manifestar su indignación, deben reforzar sus sistemas de seguridad y vigilancia.

Alejandra Cabrera
Coordinadora de la Dirección de Análisis e Información

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